Durante el curso "Conocimiento y software libre: aspectos tecnológicos y sociales", celebrado esta semana en España, los expertos que han debatido sobre las políticas tecnológicas que siguen las administraciones públicas han constatado que "en su mayoría son incompletas, insuficientes e inadecuadas".
Consideran que éstas políticas tecnológicas deberían ser amplias, firmes y decididas para aprovechar definitivamente una posibilidad histórica que, si se escapa, no volverán a tener.

En este sentido, se ha explicado que los mecanismos de contratación y relación con la administración pública no garantizan la autonomía tecnológica, porque no aseguran la existencia de opciones tecnológicas y que sean conocidas, pero mucho menos que sean accesibles para todas las personas y entidades.

Los ciudadanos deben poder escoger a sus proveedores tecnológicos, porque corresponde al sector público establecer las medidas que garanticen que las opciones "existan y coexistan", en vez de imponer el uso particular de un tipo de tecnología. Como así lo ha establecido recientemente la legislación española.

El éxito o fracaso de las estrategias para sustituir unos sistemas informáticos y programas de ordenador por otros más adecuados a las necesidades actuales, depende del desarrollo de las tecnologías de virtualización y de terminales independientes del sistema.

El reto actual para el sector público es conseguir la integración de servicios mediante sistemas realmente "interoperables", sustentados en formatos, lenguajes y protocolos que sean "estándares y abiertos".

Cualquier otro planteamiento equivale a que cada grupo de personas tenga su "sistema de pesos y medidas", lo que complica "innecesariamente" el intercambio de información y de servicios.

Fuente: Finanzas.com